El Voto que factura: PYME electoral ¿Mito o realidad?

El sistema no exige convicción, exige facturación. Y si el papel está en regla, el voto se convierte en moneda.

Mucho se ha hablado de la llamada “PYME electoral”, hasta que El Mercurio publicó una carta del expresidente del Consejo Directivo del Servel (Servicio Electoral de Chile) , Andrés Tagle, desmintiendo el supuesto negocio millonario. “No hay pago por voto”, sentenció. Lo que existe, aclaró, es un reembolso fiscal a los candidatos por gastos de campaña efectivos, demostrables y permitidos por la legislación vigente.

Pero hay matices que Tagle no menciona. Es cierto: el sistema chileno no paga por cada voto recibido, ni entrega dinero a todo evento. Sin embargo, sí permite reembolsos a candidatos que hayan sido votados, incluso si no resultan electos. El voto no garantiza dinero porque necesita papeles de respaldo, pero sí convierte el voto en llave fiscal tentadora para creativos. No por convicción, sino por facturación.

De partida, recordemos que el tema de la “PYME electoral” no nació como chiste ni rumor. En 2021, el expresidente Eduardo Frei tensionó el debate sobre financiamiento público al advertir que el sistema permitía candidaturas sin vocación, activadas por reembolsos más que por convicción. “Hay que cambiar la ley de elecciones. Esto se ha transformado en una verdadera PYME electoral”, declaró, en el contexto del escándalo de las boletas ideológicamente falsas.

Cuatro años después, en 2025, retomó el concepto con mayor urgencia, esta vez como crítica estructural al sistema político: “Ya no son partidos, son pymes políticas”, afirmó, denunciando la proliferación de pactos sin coherencia ideológica y la fragmentación que convierte la papeleta en vitrina contable. Ambas escenas están conectadas por la misma hipótesis: el sistema permite que el voto se monetarice sin convicción.

Esta lógica incluso hoy en día ha dado pie a una interpretación ciudadana: partidos y pactos nuevos que buscan llenar la papeleta, a veces sin verificar si sus candidatos adhieren realmente a sus principios. En un caso reciente, una candidata de un partido recién formado había publicado durante el estallido social afirmaciones completamente opuestas al discurso político del partido que la postula para las próximas elecciones parlamentarias. El vínculo ideológico parece secundario frente al objetivo de reclutar para la papeleta.

Vamos desmenuzando esta hipótesis de la PYME electoral. ¿En qué consiste el sistema de financiamiento público aprobado en 2016, bajo la Ley N° 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia? Recordemos que fue la respuesta institucional al escándalo de cohecho político que la fiscalía bautizó tímidamente como el caso de las boletas ideológicamente falsas.

¿Cuáles son los mecanismos que entrega la ley? El anticipo fiscal es una vía directa de financiamiento público: no se trata de un adelanto del reembolso, sino de un mecanismo independiente. Se entrega antes del proceso electoral, se utiliza durante la campaña y debe ser rendido con facturas válidas ante el Servel. Si el Servel no valida la rendición, el candidato no recibe el reembolso o debe devolver el excedente entregado.

El remanente partidario constituye una tercera vía legal: permite a los partidos redistribuir fondos no utilizados por candidaturas propias, siempre que se justifiquen dentro del marco normativo. Un ejemplo frecuente es el uso de esos recursos en propaganda política institucional, como piezas comunicacionales donde aparecen todos los candidatos del partido o coalición …u otros formatos que el partido pueda imaginar, siempre que logren pasar por el filtro normativo.

El reembolso fiscal es el mecanismo final, sí. Pero reducir toda la arquitectura a ese punto de llegada es como mirar el mapa sin ver el trayecto. No se trata de mirar con lupa las diferencias, es recorrer el camino de la aplicación de la ley para encontrar los baches o atajos que la política puede usar o ha usado.

¿DÓNDE ESTÁ LA GRIETA?

El sistema no exige vocación política, ni vínculo territorial, ni impacto público. Solo exige votos y papeles. Y eso permite que candidaturas mínimas, sin campaña real, accedan a millones si saben rendir. No es ilegal. Pero sí es simbólicamente insostenible. El Servel puede rechazar, sí. Pero el incentivo está ahí. Y mientras exista, habrá quienes usen el sistema como PYME electoral. No para representar. Para facturar.

Veamos. El Servel, a través de la defensa pública de Andrés Tagle, sostiene que el sistema chileno de financiamiento electoral no paga por voto. Pero sí paga por haber sido votado, si hay respaldo documental. Esa diferencia semántica es editorialmente incómoda. Porque permite que candidaturas mínimas, sin campaña real, accedan a millones si saben rendir —o si ceden el derecho de reembolso a su partido.

En este modelo, el voto no necesariamente representa. Monetiza. No exige vínculo territorial más allá del requisito formal. No exige vocación política. Solo exige facturas. Y si el Servel las acepta, el Estado paga. Aunque el candidato haya sido simbólicamente invisible.

Los partidos reciben hasta 0,015 UF por voto, incluso si sus candidatos pierden. Las candidatas reciben más por voto que los hombres, como incentivo de equidad. Los independientes deben superar el 10% para acceder al reembolso. Todo está en la ley.

Pero la ley no exige que el dinero se traduzca en representación. Solo que se rinda. En este contexto, el sufragio deja de ser decisión democrática y se convierte en unidad de fomento institucional. Y eso, aunque no sea fraude, sí es una grieta que vale la pena narrar.

UNA CANDIDATA MUJER MONETARIZA MÁS.

¿Y si no se “paga por voto”, si la ley tal como está no es incentivo para ganar dinero, por qué el voto a una candidata mujer vale más que el de un hombre? El espíritu del legislador fue incentivar la paridad de género, delegando en los partidos la responsabilidad de incluir mujeres en la papeleta.

El voto, entonces, se convierte en moneda fiscal: un incentivo “feminista” de la política chilena. En otras palabras, no es que el feminismo empuje desde afuera. Es que el sistema lo convierte en fórmula contable.

Si eres candidata mujer, cada voto puede generar hasta 0,05 UF, lo que equivale a $1.968 pesos (valor de la UF al día que escribo). Multiplicado por 100.000 votos, eso suma $196 millones.

Es victoria y aunque a veces no se logre, es reembolso. Pero no siempre es convicción (sobre todo de aquellos partidos que las pusieron en la papeleta). Es facturación.

El remanente partidario compensa al partido si alguna candidatura no logra justificar todos sus gastos. El sistema no es opaco ni arbitrario. Pero su arquitectura permite estrategias contables que priorizan el rendimiento financiero por sobre la coherencia política. No es fraude. Es diseño fiscal.

¿Y si no sabes rendir?

No importa. El partido lo hace por ti. Tú cedes el derecho, ellos presentan las facturas, y el Estado paga. ¿Campaña real? Lo que importa es que haya papeles. Porque en este sistema, la representación no se mide en propuestas. Se mide en boletas.

¿Y los partidos?

Por cada voto que obtienen sus candidatos, pueden recibir 0,015 UF adicionales. Aunque el candidato pierda. Aunque no haya campaña visible. Si hay votos y facturas, hay plata. Y eso convierte al sufragio en unidad de fomento institucional. El partido puede cobrar por actividades del candidato que donó su derecho a reembolso, aunque no haya sido. Sus apariciones en la franja televisiva u otras estrategias dependiendo de la creatividad contable.

¿Y qué pasa si eres independiente?

Si superas el 10% de los votos válidos en tu distrito, puedes recibir hasta 0,03 UF por voto. Pero si no llegas, no hay reembolso. Es como jugar a la ruleta electoral con reglas contables.

¿Y el pozo fiscal?

Si todos votaran, y todos los votos fueran válidos - un ejemplo poco probable pero que sirve para graficar dimensiones ahora que el voto es obligatorio- el Estado podría desembolsar más de 947.000 UF, es decir, $37 mil millones de pesos (valor al día que escribo). Pero nadie lo dice así. Porque no suena democrático. Suena contable.

No se paga por presencia, ni por vocación. Se paga por votos facturados. Y eso, aunque legal, es simbólicamente una PYME. Porque convierte el sufragio en moneda, y la representación en trámite contable.

Tagle centra el sistema al reembolso como blindaje a la queja ciudadana de una PYME Electoral. La Opinión Pública y los propios militantes o aspirantes a candidatos citan ejemplos a quienes se aparecen cada cuatro años en la contingencia, actividad y preocupación nacional, para postularse como ha sido la costumbre al mencionar a MEO. El reembolso fiscal se paga después, según votos obtenidos y gastos rendidos. No importa si el candidato gana o que le haya interesado ganar. Lo que importa es que rinda con papeles válidos.

El sistema chileno contempla tres mecanismos distintos: anticipo fiscal, reembolso fiscal y remanente partidario. Cada uno tiene lógica propia, plazos específicos y requisitos de rendición. Al decir que “todo se revisa luego por reembolso” se invisibiliza el anticipo y el remanente partidario, ambos con impacto directo en el flujo de campaña.

EL VOTO COMO UNIDAD DE CÁLCULO FISCAL

Los partidos no solo buscan ganar, sino activar votos que igual generan financiamiento público. Aunque todo debe rendirse, el incentivo por voto existe. Por eso se llenan listas con candidaturas que no necesariamente buscan representar, sino sumar votos que se traducen en UF. El sistema permite que el voto sea moneda, no solo mandato.

Y si el votante activa dinero que no controla, si el sufragio se convierte en fórmula contable, ¿Qué democracia estamos construyendo?

Porque más allá del pago por voto, hay otra grieta que se profundiza: el desinterés partidario por el arraigo territorial. Los candidatos se distribuyen como peones en una tabla de ajedrez. Y aunque el peón no gane, si deja huella contable, el partido recupera.

La ley exige residencia en el distrito, pero los partidos burlan el espíritu de la norma, ubicando a sus postulantes como fichas móviles. Proponen, negocian y también los retiran, como a ese peón que el jugador está por mover… y luego se arrepiente.

En este tablero, el partido recupera, aunque el candidato no represente. Porque lo que importa no es la vocación, ni el vínculo con el territorio. Lo que importa es que haya votos y facturas. También hay otras variables, políticas, de poder, y de negociación, pero ese es un capítulo que no incluiremos en esta columna.

LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA PYME ELECTORAL

No se trata de eliminar la ley actual y, por ende, volver al cohecho de boletas ideológicamente falsas, sino perfeccionarla. Porque de lo contrario es como el chiste de Otto y Fritz: se soluciona vendiendo el sofá.

Pero tampoco podemos seguir con esta PYME electoral que se disfraza de participación. Hay que perfeccionar la ley. El voto obligatorio elevó el volumen del sistema, pero no su calidad. Hoy el valor del voto está diluido, y eso exige más exigencias, no menos. Además, el voto obligatorio implica que el fisco debe desembolsar una cifra altísima. El valor del voto debe reducirse.

Los candidatos deben tener vínculo real con el territorio. No basta con declarar domicilio: se necesita actividad, presencia, vida en el distrito. Lo mismo para presidenciales. Lo de Parisi remoto no puede repetirse, y lo de ME-O ya bordea el límite. Si el cargo representa a una comunidad, el candidato debe habitarla, no simularla.

Las firmas para independientes son un chiste. En algunos distritos, bastan menos de 300 firmas (por ley, el 0,5% del padrón anterior). ¿Qué representatividad garantiza eso? Si el sistema se abre, que se abra con filtros mínimos. No se trata de excluir, sino de evitar que la amplitud se convierta en negocio.

El Servel también debe asumir más. No puede ser que se detecte un notario fallecido validando firmas porque el presidente del Consejo era vecino de su hija. Así se descubrió que Diego Ancalao presentó más de 23 mil patrocinios desde una notaría cerrada desde 2018, cuyo titular había muerto en febrero de 2021.

Si el partido usa al candidato como vitrina, que se responsabilice. Y si el candidato se sube al carro, que ceda derechos formales. No puede ser que el partido lo impulse y luego se lave las manos.

Incluso los gastos simbólicos deben tener exigencia mínima. El Servel acaba de anunciar esta semana el aumento de exigencias y requisitos para el reembolso, ese es el camino correcto y debe seguir aumentando la fiscalización y otros requerimientos. No es el monto, es el estándar. Si el sistema exige voto, debe exigir transparencia.

No soy experta en diseño legal, pero sí en detectar triquiñuelas, vacíos y fórmulas que el Congreso perpetúa —a veces por omisión, otras por diseño. La PYME electoral no es sólo amplitud: es falta de filtros, de requisitos, de responsabilidad institucional. En contexto obligatorio, esa falla no se resuelve con ajustes cosméticos ni campañas de entusiasmo cívico.

Requiere rediseño técnico, revisión crítica y voluntad política para cerrar grietas que hoy permiten que el sistema se use, se simule o se negocie. Porque cuando el voto es obligatorio, el estándar institucional no puede ser optativo.

La ley de financiamiento fiscal nació como antídoto contra el cohecho político que se multiplicaba cuando las campañas dependían de aportes privados sin control. Fue una respuesta institucional al escándalo de las "boletas ideológicamente falsas", que expuso cómo la política podía disfrazar favores como gastos.

Pero el remedio, aunque necesario, no ha sido suficiente. El sistema sigue permitiendo que el voto se convierta en moneda, y que la representación se facture sin convicción. Como advirtió el expresidente Frei, la ley debe cambiar. Porque la enfermedad se llama corrupción, y el tratamiento aún necesita ajuste.