Tarifazo eléctrico: Efecto Dominó en cuatro dimensiones

Instalado en 2017, agravado en 2022, refrendado y activado en 2024, y finalmente reventado en 2025

Durante años, los consumidores chilenos han pagado más de lo que corresponde por su electricidad, sin saber que detrás de cada boleta inflada se escondía una fórmula defectuosa que hizo cortocircuito en 2024, pero que recién se detectó en octubre de 2025.

El sobrecobro no es un accidente aislado ni una simple falla técnica: es el resultado de una cadena de errores, falta de control técnico, omisiones, refrendos y agravantes legales y desconexión institucional, que hoy se traduce en alzas dolorosas y una deuda multimillonaria con las generadoras.

Todo comenzó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el Ministerio de Energía, bajo la dirección de Andrés Rebolledo, implementó una fórmula de cálculo para el Precio de Nudo Promedio (PNP) sin revisión metodológica rigurosa de la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

La fórmula aplicaba simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de interés corriente en la reliquidación semestral de diferencias de facturación. En términos simples: se sobreestimaba el efecto inflacionario dos veces. El resultado fue un sobrecobro sistemático que se mantuvo oculto bajo el congelamiento tarifario posterior.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, las tarifas se congelaron mediante las leyes PEC y MPC, en respuesta al estallido social y la pandemia por COVID. Esta medida evitó alzas inmediatas, pero no corrigió el error base. Las autoridades de entonces —Susana Jiménez y Juan Carlos Jobet— administraron el congelamiento sin revisar la metodología heredada, y nuevamente la CNE brilló por su ausencia sin participación ni fiscalización alguna para detectar errores.

Así, la fórmula defectuosa siguió operando en silencio, acumulando distorsiones en los cálculos internos y generando una deuda de más de 6.000 millones de dólares con las empresas generadoras.

2022: El año crucial

Pero el momento clave —y el más grave desde el punto de vista institucional con gran impacto ciudadano— ocurrió en 2022, bajo el gobierno de Gabriel Boric. Ese año se promulgó la Ley N° 21.472, que creó el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) y el Mecanismo de Protección al Cliente (MPC). Su objetivo era evitar alzas abruptas y establecer un mecanismo de pago para la deuda acumulada.

Sin embargo, La Ley N° 21.472 de 2022 no corrigió la fórmula defectuosa instalada en 2017, todo lo contrario, la transformó en una nueva metodología aún más distorsionada. Esto, al calcular la deuda acumulada con las generadoras, mezcló IPC, interés corriente y proyecciones futuras como si fueran equivalentes, sin validar su compatibilidad técnica. Nuevamente la CNE ausente.

Fue una licuadora normativa que convirtió un error técnico en una bomba de tiempo tarifaria.

En 2024 mediante la Ley N° 21.667, se inicia el descongelamiento tarifario sin revisar la base técnica. Ese mismo año se dicta el Decreto Exento N° 136, que regula el subsidio transitorio para mitigar el impacto del alza, pero sin corregir el mecanismo que lo originó. Adivinen que papel jugó la CNE...

¿Y el Congreso? ¿Aprueba sin revisar, sin chequear todos los antecedentes y bases técnicas, sin estudiar los proyectos de ley?

Entre 2024 y 2025: el dominó cae estrepitosamente

Esa base metodológica errónea fue reconocida y advertida recién en octubre de 2025 por la CNE, lo que provocó el cortocircuito que hizo explotar la paciencia de la ciudadanía y su credibilidad y confianza en las instituciones —y con justa razón.

El ministro Diego Pardow renunció hoy a su cargo, asumiendo así responsabilidades y, al mismo tiempo, evitando una Acusación Constitucional en su contra que lo habría inhabilitado por cuatro años para ejercer funciones públicas. Ayer había anunciado una devolución parcial y una rebaja marginal del 2% desde enero de 2026, pero el sobrecobro masivo ya se había materializado. La ciudadanía comenzó a pagar por una deuda mal estimada, validada por leyes que nunca revisaron su fundamento técnico.

No se trata solo de una falla técnica o política: aquí falló el Estado, con distintos grados de responsabilidad y con agravantes que aún no se reconocen del todo. En estos días, oficialismo y oposición se han dedicado exclusivamente a culparse mutuamente, mientras en el Congreso se repite el libreto de siempre: acusaciones, comisiones, declaraciones altisonantes… pero cero autocrítica. 

El doble golpe en la cuenta de la luz no es solo económico: es político, institucional y ético. Es un ejemplo nítido de cómo los errores pueden institucionalizarse, agravarse, refrendarse legalmente y mantenerse vigentes durante años sin corrección. En esencia, responde al mismo patrón estructural que sostiene al Estado y que analicé en mi columna anterior sobre el caso Nabila Rifo. 

Hoy, la ciudadanía paga por una fórmula mal diseñada, validada y agravada por el Gobierno, ignorada por el Congreso y ejecutada por un órgano técnico que tardó ocho años en detectar la inconsistencia. 

**Si ya estás mareado(a) con tantas fechas, acciones, impactos y responsabilidades, revisa la tabla al final de la página.

Cronología del Tarifazo Eléctrico